Cuando alguno de los muchos dirigentes que pululan el entorno presidencial declara alguna tontería, generalmente se le ignora o se le corrige paternalmente.  Pero, cuando la desatinada declaración apunta a una verdad que se quiere esconder, se levanta un furioso vendaval de indignados desacuerdos y acusaciones de irrealidad. 
Acaba de pasar con la declaración de una de esas personas, una mujer, que se atrevió a decir que le parecía que “el tiempo constitucional ya había pasado”.  De inmediato se desató un furioso vendaval de desmentidos porque, en verdad, el tema constitucional es el que el gobierno chileno actual quiere imponer como la máxima preocupación del pueblo chileno y ve con terror que se desestime a cambio de lo que hoy son las verdaderas preocupaciones prioritarias de la nación, como es la seguridad y la crisis económica que recién comienza.

Pero, lo que manifestó es absolutamente verdadero y lógico.  Después del descalabro del “Apruebo”, la mayoría sensata de nuestra patria refleja ya con claridad que sus preocupaciones mayores no son el de una nueva constitución ni las materias que el gobierno considera prioritarias.  El desapego cada vez mayor al problema de redactar una nueva constitución tiene varios causales.  En primer lugar, el espectáculo circense que protagonizó la famosa Asamblea Constituyente caló muy hondo en la experiencia popular y genera un gran escepticismo sobre la capacidad de obtener de un cuerpo colegiado una redacción que en verdad cumpla los objetivos de una amplia aceptación ciudadana.  Por otra parte, el Parlamento se ha echado encima  tal fama de “cocinería” entre cuatro paredes que el ciudadano medio no está dispuesto a jugarse su futuro y el de su familia a lo que pueda surgir de un acuerdo relativamente trasversal a ese respecto.

La verdad es que hoy la mayoría de Chile parece opinar que no existen instancias capaces de terminar produciendo un proyecto constitucional que cumpla con el mínimo requisito de superar a la constitución vigente y de tener una base de aprobación suficientemente amplia.  Cabe recordar, lo que los políticos parecen no hacer, que una constitución no sirve si se impone por un margen muy estrecho, porque se trata de un marco institucional teóricamente destinado a satisfacer las necesidades de evolución del país durante un largo periodo de tiempo. 
Pero, como pasa con otros temas trascendentales, ese escepticismo apunta a un problema mucho mayor que la contingencia chilena.  En otras reflexiones hemos aludido reiteradamente a una crisis estructural del sistema democrático que es propio e inherente a la cultura a que pertenecemos como pueblo.  Nuestra democracia libertaria y representativa está diseñada para funcionar con la opinión pública adherida ideológicamente a unas muy pocas corrientes de opinión que son los partidos políticos.  Pero ocurre que la especie de democracia directa que hoy permiten las redes sociales tienen el efecto de multiplicar las corrientes de opinión y de intereses, de modo que los parlamentos se inutilizan como entes capaces de alcanzar acuerdos amplios.  El fraccionamiento de los cuerpos colegiados es un mal terminal para el sistema democrático que todavía  nos rige, porque hace imposible o muy dificultosos y morosos los acuerdos trasversales sobre materias muy trascendentales.  Ese mal esta ya aquejando incluso a Parlamentos en que se supone existen solo dos partidos políticos, como es el caso de Estados Unidos y del Reino Unido.  Aparentemente siguen siendo regímenes bipartidistas, pero eso es cada día más una ficción porque la división de corrientes de opinión todavía se desenvuelve dentro de esos partidos mismos.  Acabamos de ver cómo, en el Reino Unido, las disensiones al interior del Partido Conservador han motivado la crisis de tres gobiernos consecutivos en un brevísimo lapso de tiempo. 

En Chile, un reciente análisis ha mostrado que el Parlamento está fraccionado entre 18 partidos, y algunos de ellos en vías de un fraccionamiento que creará todavía más actores.  Con esa estructura, puede darse por seguro que no se alcanzaran acuerdos trasversales que vayan más allá de una anémica y circunstancial mayoría en cualquier tema que trascienda en algo la inmediatez.  Vistas así las cosas, no hay ninguna razón para esperar que en el seno del actual Congreso se geste una propuesta constitucional con pies y cabeza.  Es muy fácil vaticinar que lo más que se puede esperar es un endeble acuerdo para delinear un nuevo proceso constituyente que, al repetir los errores del anterior, ofrece mucha más garantías de fracaso que esperanzas de solución.

La verdad es que nuestro sistema político ha caído en la trampa constitucional, que consiste en la necesidad de legitimar una nueva constitución en un momento tal desfavorable que lo único que va a lograr es confirmar la actual por la simple razón de que es la menos mala.  A todo eso se suma el terrible desprestigio del actual gobierno, cuya máxima hazaña es haber dilapidado un apoyo amplio en un plazo ridículamente corto.  Eso apunta al peligro de que toda consulta ciudadana en un futuro muy próximo se va a interpretar como un referéndum de aprobación o rechazo del régimen imperante.

En suma, la trampa constitucional apunta mucho más al camino a casa de Gabril Boric que a cualquier otro resultado trascendente.

Orlando Sáenz